El Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, ha acordado mantener las prestaciones destinadas a la protección en materia de dependencia de quienes ya tienen reconocida algunas de las prestaciones del sistema. Se garantiza así, a través de la aportación del Estado, una financiación mínima, común y estable para todos los ciudadanos. La decisión adoptada en el Consejo de Ministros asegura que aquellas personas que más necesitan las ayudas y prestaciones las reciban en primer término, consideración que se hace extensiva a las familias de quienes padecen situaciones de este tipo.

El Gobierno se ha visto en la necesidad de adoptar medidas urgentes que fortalezcan la protección por dependencia y garanticen la sostenibilidad de prestaciones y servicios. Entre las medidas que adoptará el Gobierno destaca la necesaria reforma del modelo de financiación para hacer sostenible el Sistema de Atención a la dependencia, así como el fomento de políticas de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia para todos los grados y niveles.

Por otra parte, el Gobierno considera prioritario garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso al Sistema de Atención a la Dependencia con independencia del lugar en que residan, así como la formulación de una serie de criterios comunes sobre formación de profesionales y cuidadores familiares que permitan mejorar la calidad de las prestaciones. El Gobierno se ha propuesto asimismo abordar la regulación de la coordinación socio-sanitaria para mejorar la eficiencia en la gestión y la calidad asistencial, así como la configuración de un nuevo sistema de información estadística y el desarrollo de un modelo de gestión administrativa de la dependencia. (Fuente: www.imserso.es 30 de diciembre 2011 ).